Viajar a Marruecos y vender cupones de La Cruz Roja, posibles sanciones de la nueva ley del IMV.

De las más destacada hacemos eco la posibilidad de ser sancionado el receptor de la ayuda de aquellos beneficiarios que no comuniquen previamente la salida hacia Marruecos, estableciendo como sancionable un números de salidas de hasta de 90 días sin justificar ("En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado")

Viajar a Marruecos y vender cupones de La Cruz Roja, posibles sanciones de la nueva ley del IMV.

Hacemos acopio del BOE y publicamos en nuestro medio las sanciones que puede hacer la seguridad social en cuanto al IMV por no cumplir lo establecido por la ley saliente del IMV, dicha ayuda es un derecho que recoge nuestra constitución de una forma explícita que garantiza el soporte vital a las familias e individuos que estan el cerco más extremo de la pobreza, pero al margen de contemplarlo como un derecho, también se contempla todo ello con los deberes incluidos que contempla la nueva ley, la sanción más grabe es de 5 años de suspensión de ayuda. 

De las más destacada hacemos eco la posibilidad de ser sancionado el receptor de la ayuda de aquellos beneficiarios que no comuniquen previamente la salida hacia Marruecos, estableciendo como sancionable un números de salidas de hasta de 90 días sin justificar ("En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado"), es muy posible que dicha norma se hiciera con la intención de que el capital invertido por el estado en las personas beneficiadas del IMV pronuncie el gasto en el país, con la idea de reactivar el consumo y así crear una economía circular, si muchos de los beneficiados de la ayuda se van al país vecino se produciría una pérdida de dicha inversión en la economía local, algo que el ejecutivo de Sánchez a previsto.

Otra norma que puede afectar en Ceuta es LA Cruz Roja y las personas que venden cupones, en teoría los perceptores del IMV con la ayuda de La Cruz Roja chocarían por completo, por el mero sentido de que la ayuda estatal es complementaria con otras, pero el problema es que los vendedores de La Cruz Roja no están dados de alta como trabajadores, si así fuese, el estado pagaría la parte complementaria de lo que cobra un vendedor de La Cruz Roja, pudiendo ser el perceptor de dicha ayuda trabajador de venta de cupones de y al tiempo el cobro del complemento, al no ser así el perceptor del IMV podría ser sancionado por ello, teniendo dudas aún de si puede ser sancionada también por ello la entidad de LA Cruz Roja, de ser así, los vendedores de dicha entidad deberían verse forzados a  renunciar vender cupones, lo que dejaría un vacío de puestos en dicha entidad, con la consecuente puesta en marcha de contratación de vendedores en dicha entidad, muy posiblemente a media jornada, siendo así compatible con el IMV.

 

Queda mucho por dilucidar en cuento a dichos deberes por parte del perceptor, que vamos desgranando poco a poco del BOE, los usuarios que reciban dichas ayudas tienen la obligación de saber también las obligaciones que conlleva esta ley, como por ejemplo la consecuencia de perder dicha prestación al negarse a un trabajo o curso del SEPE.

Artículo 14. Suspensión del derecho.

  1. El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por las siguientes causas:
  2. Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
  3. Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún

miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación.

  1. Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se resuelva por parte de la entidad gestora.

En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.

  1. Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
  2. Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
  3. La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.

Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará extinguido.

  1. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o extinción del derecho según proceda.
  2. La prestación se devengará a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.

Artículo 15. Extinción del derecho.

  1. El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes causas:
  2. Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6, podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su caso, de un nuevo derecho a la prestación en función de la nueva composición de la unidad de convivencia. Los efectos económicos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en función de sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo señalado.
  3. Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la

prestación.

  1. Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.
  2. Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora

durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.

  1. Renuncia del derecho.
  2. Suspensión de un año en los términos del artículo 14.2.
  3. Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
  4. Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
  5. La extinción del derecho a la prestación producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.

Artículo 16. Incompatibilidad del ingreso mínimo vital con la asignación por hijo o menor a cargo.

La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opción por una de ellas.

Artículo 17. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

  1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.

La entidad gestora, podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

  1. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma fraudulenta.

Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

  1. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de cada mensualidad.

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